Eligio Hernández ordena a los fiscales que pidan la expulsión de 3.000 presos extranjeros

El fiscal general del Estado, Eligio Hemández, quiere "aligerar" la masificación de las cárceles. Para ello ha dirigido una circular de obligado cumplimiento a todos los fiscales para que propongan a los jueces la expulsión de los extranjeros a los que se impute -o estén ya condenados- delitos menos graves, castigados con penas de hasta seis años de prisión. Hernández afirmó ayer que con los 3.000 extranjeros condenados en España por delitos menos graves "hay para llenar tres prisiones", por lo que es preciso atajar la masificación y erradicar la delincuencia con expulsiones.

La expulsión de España de 3.000 presos extranjeros ya fue reclamada en mayo de 1992 por el entonces secretario general de Asuntos Penitenciarios y hoy ministro del Interior, Antoni Asunción, en una carta al anterior fiscal del Estado.Ayer, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que aprobó el documento, suavizó algunas expresiones del texto inicial, entre ellas la de que el ministerio fiscal propondrá a los jueces la expulsión de extranjeros "de forma sistemática". La circular comenzará a aplicarse a partir de la próxima semana.

Eligio Hernández se mostró dispuesto a contribuir "a mejorar la situación de las prisiones" con propuestas de expulsión de los extranjeros condenados a penas de hasta seis años de prisión. La medida incluirá a los sospechosos de un delito sobre los que pese una orden de expulsión gubernativa y que estén en libertad provisional. La petición de expulsión sería efectiva desde el momento en que exista contra ellos una "imputación" judicial.

El fiscal general dijo que en España hay un total de 6.563 extranjeros en prisión, de los cuales 3.000 están condenados por delitos menos graves, que son a los que afectaría de lleno la circular, además de los que se encuentren en situación de "imputados", cuya cifra dijo desconocer, aunque lógicamente será muy superior.

La circular pretende, según Hernández, "tomar la iniciativa" en la adopción de medidas previstas en la Ley de Extranjería para "agilizar los trámites de expulsión, desmasificar las prisiones y erradicar la delincuencia extranjera en España".

Hernández indicó que muchos extranjeros sobre los que pesa una orden de expulsión gubernativa "cometen un delito antes de llegar al aeropuerto

para que no se les expulse" , ya que la intervención judicial paraliza la salida del territorio español. "Se trata de que la comisión de un delito no sea obstáculo para evitar la expulsión", añadió.Para dar cumplimiento a la circular, se creará en todas las fiscalías importantes la figura del "fiscal de extranjería", que hará un seguimiento de todas las causas de extranjeros y revisará las ejecutorias a fin de proceder a las expulsiones.

Países emisores de droga

Sobre la situación de las prisiones, Hernández dijo que la mayoría de los 6.563 extranjeros procede de países emisores de droga, como Colombia, (1.018 presos) y Marruecos, (1.484 presos). Pero a gran parte de los colombianos no les afectará la circular dado que las penas por tráfico de cocaína a que son condenados suelen ser superiores a los seis años. La población reclusa procedente de los países de la UE es de 1.380 presos, y los que por convenio bilateral podrían cumplir la condena en su país de origen ascienden a 966.

Colectivos judiciales, políticos y humanitarios progresistas han criticado la circular de Hernández. El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, declaró: "En el caso de los imputados [acusados todavía no juzgados] la medida va contra la presunción de inocencia. El fiscal debería estar más preocupado por detener las tendencias racistas y xenófobas, en lugar de promover acciones contra los extranjeros que provocan alarma social". Diego López Garrido, diputado de IU, calificó de "inaceptables" las expulsiones masivas. José Antonio Martín Pallín, de Jueces para la Democracia, estima que la circular "vulnera el principio de presunción de inocencia, al dar por sentado que las personas acusadas van a ser condenadas". En cambio, el magistrado Ángel Calderón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, defendió la iniciativa porque "esta posibilidad está en la ley de Extranjería".

La subsecretaria de Justicia, Margar¡ta Robles, también respalda la circular del fiscal por considerarla una buena medida que "servirá para proteger a los emigrantes legales". En declaraciones a Efe, Robles calificó de "buena y positiva" la circular y añadió que afectará a "un pequeño grupo" de extanjeros.